El caso Garoña, opiniones para todos los gustos

Conforme se acerca el 5 de julio, fecha en que el gobierno tendrá que decidir si cierra la central nuclear de Santa María, la tensión crece. Lo que suceda con Garoña es trascendental porque siete de los ocho reactores activos en España tienen que renovar sus licencias antes del 2011.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 22 de junio hizo las siguientes declaraciones “Cuando llegamos a una central nuclear con cuatro décadas de vida, la norma ha sido que deje de funcionar, y la excepción, la prórroga”. Estas palabras se pueden interpretar como que el cierre de la central de Garoña se llevará a cabo en 2011.

Por otro lado, pocos días antes el viernes 19 de junio el grupo de IU-ICV organizó una jornada sobre energía nuclear cuyas conclusiones fueron recogidas en una propuesta de Plan Puente que le fue entregada a Zapatero. Este plan no solo reclama el cierre de Garoña, sino el de todas las plantas atómicas a lo largo del primer cuarto del siglo XXI. Todos los participantes en la jornada IU, ICV, organizaciones ecologistas y sindicatos han pedido la reunión de los diferentes actores implicados: Gobierno central, representantes de todos los partidos y las autonomías afectadas y grandes eléctricas.

El plan propone la creación de un fondo coordinado por el Gobierno central que equivaldría a la cantidad destinada a la amortización de las respectivas centrales. Cuando la amortización llegue a su fin, se contemplan dos alternativas: el cierre inmediato (inviable si no hay producción sustitutoria), o la prórroga por un periodo concreto (cinco años) durante el cual los excedentes económicos que esta prórroga supone para las compañías se pongan a disposición del fondo planteado. Esta idea obliga a las empresas privadas a renunciar al beneficio de una inversión de décadas, que en el caso de Garoña afecta directamente a Iberdrola y Endesa. El reparto quedaría de la siguiente manera: 20% para mantenimiento y seguridad de las centrales, 15% para el gestor de la central correspondiente, otro 15% destinado a la dinamización social y económica de las zonas afectadas por el cierre, y un 50% para el impulso y la inversión en planes de energías renovales y de mejora del ahorro y la eficiencia energética.

En la postura opuesta se sitúa TECNIBERIA que agrupa a las empresas españolas de ingeniería, y que presentó hace tres semanas un documento de “Posicionamiento de las ingenierías españolas ante la energía nuclear”. En el documento se tratan cuatro puntos fundamentales: seguridad, residuos, economía y trabajo. Tecniberia defiende en él la existencia de un mix energético en el que esté incluida la energía nuclear, de manera que se asegure el suministro y la autosuficiencia. Otro de los focos de atención es que los residuos de alta actividad que genera una central nuclear son de escaso volumen y los medios aplicados hasta la fecha y previstos para mantenerlos seguros en el futuro utilizan tecnologías probadas y contratadas. Asimismo, se apuntó que los reactores de cuarta generación que se están desarrollando en estos momentos y empezarán a comercializarse en 20 años podrán alimentarse con estos residuos.

También se opone al cierre de la central de Garoña Endesa, quien a través de su vicepresidente Andrea Brentan declara su postura en unas declaraciones hechas al diario Cinco Días “España no se puede permitir cerrar centrales nucleares seguras” y añadió que “la energía nuclear es una más a considerar en el mix energético, ya que un país moderno, competitivo y avanzado no puede prescindir de una tecnología que en este momento es puntera en I+D, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático”.

Si no se cuenta con la energía nuclear, España no podrá cumplir con el compromiso adquirido con la UE en materia de reducción de emisiones de CO₂ para 2020.

Como se ha podido compobar hay opiniones para todos los gustos. Incluso hay quien apunta que la energía nuclear debe ser el puente hacia las renovables.

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