El sector alerta del peligro para la industria y el empleo de suspender las primas a las renovables

 El sector de las energías renovables no ha tardado en reaccionar al Real Decreto Legislativo aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros que suspende, de forma temporal pero sine die, las primas a las nuevas instalaciones de renovables –eólica, solar fotovoltaica, termosolar, biomasa, biogás y minihidráulica–, así como a las de cogeneración y valorización energética de residuos.

 Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) consideran que la medida pone en peligro su industria y “compromete el desarrollo futuro de este importante sector, así como las más de 30.000 personas empleadas en el mismo”. En un comunicado la AEE ha recordado que a esta tecnología “apenas le quedan unos años para ser competitiva sin incentivos y ya ha alcanzado su madurez industrial” y considera que el Gobierno “no está teniendo en cuenta los importantes beneficios de la eólica para la economía española”. Además, desde el sector destacan que la eólica “en ningún caso es la causante del déficit de tarifa –causa última a la que ha aludido el Gobierno para justificar esta medida–, por lo que tampoco debería ser el grueso de la solución”.

Por su parte, fuente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) consideran que la suspensión de las primas agravará la situación de un sector ya de por sí seriamente afectado por “problemas de retroactividad e inseguridad jurídica” que aún no han sido resueltos. Se trata, denuncian, de “un nuevo agravio y perjuicio para un sector productivo que ya está castigado por anteriores reducciones en la retribución, en la capacidad productiva y en la rentabilidad y viabilidad financiera de las instalaciones”.

Para el sector fotovoltaico es imprescindible que el Gobierno trabaje en “una nueva definición del mix energético, de modo que todas las tecnologías tengan un especio razonable, seguro, equitativo y capaz de generar empleo y contribuir a una reactivación económica adecuada a las circunstancias actuales”.

La Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) ha mostrado igualmente su “profunda preocupación por los efectos del Real Decreto” sobre un sector cuya incidencia sobre el déficit tarifario “no ha sido significativa”. En su opinión, la paralización de las nuevas preasignaciones “ralentizará la necesaria sustitución de tecnologías contaminantes por energías limpias, y afectará negativamente al desarrollo industrial y creación de empleo en el sector de las energías renovables”. Y al igual que el sector fotovoltaico, insta al Gobierno a “redefinir la senda de penetración de las energías renovables en el mix de generación que más convenga a nuestro país”.

Más taxativo aún ha sido Javier Díaz González, presidente de Avebiom, Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, para quien el nuevo Real Decreto supone “la mayor equivocación ejecutada en España en el sector energético en muchos años”. Según ha calculado esta asociación, en lo que a biomasa se refiere, “por cada proyecto de 15 MWe suspendido por el Gobierno se perderán más de 100 empleos directos, otros 100 indirectos y más de 50 millones de euros de inversión por cada planta”.

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